Blanco ha recordado que hace unos meses la Diputación acordó conceder el servicio a una empresa privada, después de que durante un tiempo se haya venido prestando de forma directa por el ente provincial a través de las áreas de Servicios Sociales de los ayuntamientos de los municipios de menos de 20.000 habitantes. 

Este cambio en el modelo de gestión afecta, solo en Tarifa, a 38 trabajadoras, después del importante incremento que se ha producido desde que a principios de 2007 entrase en vigor la Ley de Dependencia, momento en el que tan solo prestaban este servicio seis empleadas. 

“Los integrantes del equipo de gobierno de Tarifa creemos que una posible mejora en la gestión no puede ni debe traducirse en un empeoramiento de las condiciones económicas ni de cualquier otro aspecto que afecte a las propias trabajadoras”, ha señalado la concejala, quien ha informado de que se encuentra a la espera de que la Diputación convoque una reunión sobre este tema, previsiblemente en los próximos días.